El Presidente Andrés Manuel López Obrador arranca todos sus días hábiles con una reunión sobre seguridad a las 6 am. El repaso puntual de la bitácora de violencia es lo primero y más urgente en la agenda del Presidente. Ciudadanos y especialistas desesperan por la continua expansión territorial de los cárteles México de los detalles, con más alcances e intensidad de la violencia.
Las manifestaciones de asociaciones de transportistas como la AMOTAC ya se han agendado con bloqueos especificos para exigir cambios trascendentales, por los asaltos y la extorsion en las carreteras, de bandas delincuenciales asociadas al huachicoleo, que operan al auspicio de autoridades locales u organismos civicos aliados.
El Presidente juzgó al inicio de su gobierno que el proyecto de cambio social y económico era demasiado ambicioso para intentar detener con frentes armados al crimen organizado, combatir la corrupción política, achicar la administración pública, devolver al Estado la rectoría de la economía, frenar los abusos del mercado y de la iniciativa privada y mejorar el poder adquisitivo de los sectores mayoritarios, una tarea que exigía todos los esfuerzos y la concentración posibles.
AMLO decidió no dispersarlos en otra batalla, la del crimen, que no tenía ninguna posibilidad de ganar en ese momento. Con toda razón los especialistas han señalado que sin el desarrollo de una fuerza profesional de policías federales, estatales y locales, y la limpieza del sistema judicial en su conjunto, el fin de la impunidad es una ilusión. El Poder Judicial no depende orgánicamente del Ejecutivo federal ya no digamos las policías estatales y municipales, con toda su porosidad frente al irresistible binomio plata o plomo, en que al arranque del sexenio Morena solo gobernaba en seis entidades, las otras 26 se encontraban en manos de la oposición.
“Abrazos, no balazos”. Enviar el mensaje de que los capos no eran enemigos del Estado per se y que sus actividades criminales tenían que ver con condiciones del pasado que estaban a punto de cambiar. AMLO deseaba construir una especie de pacto no firmado que congelase fronteras, por así decirlo, mientras su relativa deferencia con El Chapo y el cártel de Sinaloa a los que atribuye códigos y conductas menos salvajes que las de las feroces bandas criminales de los últimos años. Este”acuerdo” no carecía de lógica, pero evidentemente no fue respetado por los criminales, demasiado ocupados en ganarse territorios mutuamente. El resultado de esta “tregua” está sujeto a debate. Un vaso medio lleno o medio vacío según se mire. En parte, la curva ascendente de la criminalidad logró detenerse y, en algunos rubros, incluso comenzó a revertirse; los críticos afirman que detener la cifra de asesinatos diarios en un promedio de 90 no es para presumir. Al margen de la estadística, la opinión pública cuestiona los ajustes de cuenta en las calles y hoteles de las ciudades.
¿Se están dando pasos en la dirección correcta? Veamos en qué consiste la estrategia. Primero, disminuir la base social y el “ejército industrial de reserva” de las bandas criminales en las zonas calientes mediante el mejoramiento de oportunidades para los jóvenes; algo que debilitaría las causas de la violencia. Segundo, construir coordinaciones y líneas de cooperación a lo largo de toda la geografía con reuniones en cada entidad similares a las que se hacen en Palacio; es decir, concentrar la información, la inteligencia y las puestas en común incluso entre gobiernos de partidos distintos. Tercero, recuperación del territorio a través de la presencia permanente de fuerzas federales mediante la creación de 248 distritos, cada uno con un cuartel. Cuarto, aunado a lo anterior, la creación de la Guardia Nacional, el músculo de 170 mil elementos para el futuro enfrentamiento, con disciplina y entrenamiento militar, sujeta a normas civiles. Quinto, inteligencia financiera para estar en condiciones de combatir las relaciones entre el crimen y los circuitos del dinero. Sexto, impulsar una reforma judicial para sanear la corrupción en ministerios y policías.
Hay atrasos en muchos de ellos, atribuibles en parte a la crisis provocada por la pandemia y en parte a las propias limitaciones de gobernabilidad. En la mayoría de los frentes se ha avanzado, ciertamente, pero lejos de las metas inicialmente trazadas. Probablemente el gobierno asume que ha colocado los elementos para que su sucesor pueda aprovechar la infraestructura. Lo cierto es que los últimos dos presidentes decidieron, por una razón u otra, no enfrentar al crimen organizado. ¿Habrá con qué a partir de 2024 o resultará que también los malosos aprovecharon la tregua y se han vuelto invencibles?
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